La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo este jueves 29 de octubre a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, relacionado con el asesinato del exalcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
La captura se realizó durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, donde agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo autorizada por una autoridad judicial, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
De acuerdo con las autoridades, la funcionaria fue puesta a disposición de una jueza de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a los elementos presentados por el Ministerio Público.
La detención ocurrió después de que Vargas Rauda fuera requerida en tres ocasiones para comparecer ante las autoridades ministeriales sin atender los citatorios. Ante esta situación, la Fiscalía le había impuesto una multa económica.
La funcionaria también había sido mencionada en las investigaciones debido a sus vínculos familiares con personas presuntamente relacionadas con el homicidio del exalcalde.
Vargas Rauda es madre de Alejandro Flores Vargas, conocido como El Macas, exintegrante del equipo de escoltas de Carlos Manzo, quien permanece detenido por su presunta vinculación con el caso.
Asimismo, es familiar de Cristian Martín y Alexis de Jesús Medina García, identificados como El Vikingo y El Brilloso, respectivamente, quienes han sido señalados por las autoridades por presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La nueva detención ocurre a tres días del primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, crimen que provocó una fuerte conmoción en Michoacán y abrió diversas líneas de investigación sobre la posible participación de integrantes de organizaciones criminales y personas cercanas al entorno del entonces presidente municipal.
Las investigaciones también han generado cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios municipales y antiguos colaboradores del alcalde, particularmente por la posibilidad de que información de su entorno de seguridad hubiera llegado a manos de los responsables del atentado.
La Fiscalía de Michoacán ha señalado que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes, sin distinción de cargos públicos.
Hasta el momento, la acusación contra Vargas Rauda corresponde al presunto delito de encubrimiento por favorecimiento, por lo que su detención no implica que se haya acreditado su participación directa en el asesinato.
El caso permanece abierto y será la autoridad judicial la encargada de determinar su responsabilidad, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
