La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo en San Salvador Atenco, Estado de México, la restitución de 54.5 hectáreas de tierras a pobladores afectados por el conflicto derivado del proyecto aeroportuario en Texcoco, en el marco del vigésimo aniversario de la represión ocurrida en mayo de 2006.
Durante el acto oficial, la mandataria entregó 81 parcelas como parte del Plan de Justicia para Atenco, una estrategia del Gobierno federal orientada a la reparación territorial y social de las comunidades que integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que encabezó la resistencia contra la construcción del aeropuerto.
En su intervención, Sheinbaum afirmó que la restitución representa un acto de justicia histórica tras los hechos del llamado “Mayo Rojo”, cuando fuerzas de seguridad federales y estatales intervinieron en la zona, dejando un saldo de dos personas fallecidas, decenas de detenciones arbitrarias y múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos. “Donde hubo despojo, hoy hay restitución; nunca más la represión contra el pueblo de México”, sostuvo.
La presidenta subrayó que esta acción forma parte de una política de reconocimiento a las comunidades afectadas, que también contempla obras de infraestructura, acceso al agua, programas sociales y regularización de la tenencia de la tierra. Recordó que en 2023 ya se habían devuelto más de 180 hectáreas, como parte de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano.
No obstante, durante el evento, integrantes del FPDT reiteraron que la restitución de tierras no sustituye la exigencia de justicia por los hechos de 2006. Señalaron que, a dos décadas de la represión, persiste la falta de sanción a los responsables de las violaciones a derechos humanos, por lo que consideraron que la deuda del Estado sigue vigente.
Los hechos de Atenco se mantienen como uno de los episodios más significativos en la historia reciente de México en materia de protesta social y uso de la fuerza pública. La restitución de tierras anunciada por el Gobierno federal busca posicionarse como una medida de reparación, aunque el reclamo por verdad y justicia continúa presente entre las víctimas y sus representantes.
