El gobierno de Estados Unidos incorporó el aseguramiento y decomiso de bienes como parte de la acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra nueve funcionarios y mandos policiales señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con información publicada por el diario El Universal. La imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos establece que los bienes obtenidos directa o indirectamente por actividades ilícitas quedarían sujetos a confiscación en caso de una sentencia condenatoria.

Según el reporte, las autoridades estadounidenses buscan recuperar inmuebles, recursos financieros y cualquier ganancia económica relacionada con la presunta colaboración de los implicados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El documento precisa que el decomiso aplicaría no solo a activos identificables, sino también a aquellos que hayan sido transferidos, vendidos o colocados fuera del alcance de la jurisdicción del tribunal.

Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; así como funcionarios y exmandos de corporaciones de seguridad, incluidos Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.

El expediente, citado por El Universal, invoca disposiciones del Título 21 del Código de Estados Unidos, que establecen que los acusados deberán ceder bienes que constituyan o deriven de ganancias obtenidas por delitos como tráfico de drogas, armas de fuego y secuestro, así como aquellos utilizados para facilitar dichas conductas.

Asimismo, se contempla el decomiso sustitutivo, que permite a las autoridades confiscar bienes equivalentes cuando los activos originales no puedan ser localizados, hayan sido ocultados o transferidos a terceros, lo que amplía el alcance de las sanciones patrimoniales en este tipo de procesos.

El caso se mantiene en análisis por parte de la Fiscalía General de la República, que ha señalado la necesidad de contar con mayores elementos probatorios para proceder conforme a la legislación nacional, mientras el proceso en Estados Unidos avanza en el ámbito penal y patrimonial.