La gobernadora de Maru Campos anunció la creación de una unidad especializada para investigar el caso relacionado con la presencia y actuación de ciudadanos estadounidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara, luego de la muerte de dos de ellos en un accidente que ha generado tensión entre autoridades estatales y federales.

El anuncio se da en un contexto de creciente presión política, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera que la participación de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización podría constituir una violación a la legislación mexicana. “No puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo”, afirmó en conferencia, al subrayar que cualquier colaboración en materia de seguridad debe sujetarse a los mecanismos formales del Estado mexicano.

De acuerdo con la información disponible, el caso se originó tras un accidente vehicular en Chihuahua en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses. Versiones iniciales de autoridades estatales señalaron que se trataba de instructores en el uso de drones, mientras que desde el ámbito federal se ha planteado la posibilidad de que participaban en una misión operativa, lo que abrió cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia.

La unidad anunciada por el gobierno estatal tendrá como funciones centralizar la información del caso, dar seguimiento a las investigaciones y coordinar acciones con autoridades federales, en particular con el gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch. Hasta el momento, no se han precisado los perfiles que integrarán este grupo ni los plazos para la presentación de resultados.

El caso ha derivado en un intercambio de posturas entre ambos niveles de gobierno. Mientras la federación insiste en la necesidad de respetar la soberanía y los protocolos legales para la cooperación internacional, el gobierno de Chihuahua ha defendido que existía coordinación institucional y ha reiterado su disposición al diálogo para esclarecer los hechos.

Este episodio reabre el debate sobre los límites de la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en regiones con alta presencia del crimen organizado, y coloca bajo escrutinio los mecanismos de autorización, supervisión y control de operaciones con participación extranjera en territorio nacional.