El caso de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años hallada sin vida en un departamento de la alcaldía Benito Juárez, ha colocado bajo escrutinio la actuación de las autoridades capitalinas, luego de que su familia denunciara omisiones en la activación de los protocolos de búsqueda desde las primeras horas de su desaparición.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la víctima fue localizada tras labores ministeriales que derivaron del seguimiento de cámaras de videovigilancia. Sin embargo, familiares sostienen que dicha línea de investigación fue impulsada inicialmente por ellos mismos, quienes lograron ubicar el inmueble al que Edith acudió tras responder a una supuesta oferta de trabajo.

“Nosotros dimos la dirección, nosotros revisamos, nosotros insistimos”, señalaron familiares durante manifestaciones realizadas en la capital, en las que exigieron justicia y denunciaron que las autoridades no actuaron con la inmediatez que el caso requería.

El señalamiento central apunta a la falta de aplicación oportuna de mecanismos como el Protocolo Alba y la Alerta Amber, herramientas diseñadas precisamente para atender desapariciones de mujeres en etapas tempranas. De acuerdo con colectivos y especialistas, las primeras horas son determinantes para la localización con vida, por lo que cualquier retraso reduce significativamente las probabilidades de éxito.

Aunque la autoridad capitalina ha sostenido que tuvo conocimiento formal del caso un día después de la desaparición, la familia afirma que la denuncia se presentó desde el primer momento, lo que abre una brecha sobre la trazabilidad institucional del reporte y la respuesta operativa.

El caso ocurre en un contexto donde la Ciudad de México mantiene cifras sostenidas de desapariciones y feminicidios. Datos oficiales muestran que, si bien se han fortalecido mecanismos de búsqueda y atención, persisten cuestionamientos sobre su ejecución en campo, especialmente en casos donde las víctimas son atraídas mediante engaños, como falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que el caso debe investigarse “con rigor y sin impunidad”, al tiempo que instruyó a las instancias correspondientes a esclarecer los hechos. No obstante, las declaraciones han sido recibidas con escepticismo por parte de la familia, que insiste en que el problema no solo radica en el desenlace, sino en la cadena de omisiones previas.

La investigación se mantiene bajo el protocolo de feminicidio, mientras la familia de Edith Guadalupe ha advertido que continuará con movilizaciones hasta que se deslinden responsabilidades, no solo en la comisión del delito, sino también en la actuación de las autoridades encargadas de prevenirlo.