El gobierno de Estados Unidos mantiene bajo vigilancia permanente a 18 buques petroleros cargados con crudo venezolano que se encuentran actualmente en aguas territoriales de Venezuela, y analiza su eventual decomiso en caso de que intenten zarpar hacia aguas internacionales, en el marco del endurecimiento de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con información conocida en círculos diplomáticos y de seguridad marítima, los buques —varios de ellos de gran capacidad— permanecen prácticamente inmovilizados ante el riesgo de ser interceptados por autoridades estadounidenses una vez que abandonen jurisdicción venezolana. Washington sostiene que estas embarcaciones estarían involucradas en operaciones de exportación que violan el régimen de sanciones vigente contra el sector petrolero de Venezuela.

La vigilancia forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca cerrar las rutas de comercialización del petróleo venezolano y limitar los ingresos del gobierno de Maduro, al que Estados Unidos acusa de financiar actividades ilícitas y de sostenerse económicamente mediante esquemas opacos de exportación de crudo.

En semanas recientes, autoridades estadounidenses reforzaron su presencia naval y de monitoreo en el Caribe, con el objetivo de seguir en tiempo real los movimientos de buques sancionados. Funcionarios estadounidenses han señalado que, en caso de que alguno de estos petroleros intente salir de aguas venezolanas, podría ser objeto de una incautación respaldada por órdenes judiciales, como ya ha ocurrido en operaciones anteriores.

Desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó estas acciones y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una política de hostigamiento y presión económica, calificando la vigilancia de los petroleros como una violación a su soberanía. Autoridades venezolanas sostienen que se trata de un intento de apropiación indebida de sus recursos naturales y han advertido que recurrirán a instancias internacionales.

Especialistas en energía y geopolítica advierten que un eventual decomiso de los 18 buques representaría un golpe significativo para las exportaciones petroleras de Venezuela, principal fuente de divisas del país, y podría elevar aún más la tensión entre ambos gobiernos, con posibles repercusiones en los mercados energéticos y en la estabilidad regional.

El escenario permanece abierto, mientras los petroleros continúan bajo observación y crece la expectativa sobre los siguientes movimientos de Washington y la respuesta que pueda dar el gobierno venezolano.