La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó una postura firme frente a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos funcionarios en activo. La mandataria subrayó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de evaluar si existen pruebas suficientes para proceder, conforme al marco legal mexicano.
De acuerdo con el posicionamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió los documentos el 28 de abril y los turnó a la FGR al día siguiente para su análisis jurídico. Sin embargo, la publicación de los cargos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos generó un “extrañamiento” diplomático, al considerar que este tipo de प्रक्रimientos deben mantenerse bajo confidencialidad conforme a los tratados bilaterales.
En el plano político, Sheinbaum estableció como eje de su gobierno la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, al advertir que México no actuará por presiones externas. “Si existen pruebas contundentes e irrefutables, se procederá conforme a derecho; si no las hay, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, sostuvo la titular del Ejecutivo.
La presidenta también dejó claro que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero insistió en que cualquier acción deberá sustentarse en evidencia sólida. En ese sentido, la FGR informó que, además de revisar la documentación enviada por Estados Unidos, iniciará una investigación propia para determinar si existen elementos que justifiquen solicitar órdenes de aprehensión ante el Poder Judicial.
El posicionamiento se da en un contexto de alta sensibilidad bilateral, luego de que autoridades estadounidenses hicieran públicos señalamientos contra actores políticos mexicanos, lo que eleva la tensión diplomática. La mandataria reiteró que México mantendrá una relación de “iguales” con otras naciones y advirtió que no permitirá “intromisión o injerencia” extranjera en decisiones que competen exclusivamente al país.
