La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este viernes que el gobierno federal mantiene su rechazo al contenido del informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que sus conclusiones no reflejan adecuadamente la información proporcionada por México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria sostuvo que el documento internacional presenta deficiencias en su análisis y reiteró la postura oficial frente al señalamiento de desapariciones forzadas en el país.

“Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, porque no toma en cuenta la información que nosotros le hacemos llegar”, declaró.

No obstante, la titular de la Secretaría de Gobernación subrayó que el desacuerdo no implica una ruptura con los organismos internacionales, y aseguró que el Estado mexicano continuará colaborando con instancias multilaterales en materia de derechos humanos.

“Nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales”, puntualizó.

El informe al que se refiere el gobierno mexicano fue elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, un órgano de expertos independientes con sede en Ginebra encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia. En 2025, este Comité activó un procedimiento excepcional al advertir indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas en México, lo que derivó en el análisis del caso a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. El documento señala la magnitud del problema —con más de 100 mil personas desaparecidas—, advierte altos niveles de impunidad y plantea que el Estado puede incurrir en responsabilidad no solo por acción, sino también por omisión o tolerancia, incluso cuando los delitos sean cometidos por grupos criminales.

Rodríguez indicó que existe disposición para sostener reuniones con representantes del sistema de Naciones Unidas, incluido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como con colectivos de familiares de personas desaparecidas, en un esfuerzo por mantener el diálogo abierto y fortalecer los mecanismos de búsqueda.

El posicionamiento del gobierno mexicano se da luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitiera observaciones en las que advierte sobre la persistencia de este fenómeno en el país y plantea preocupaciones respecto a su posible carácter sistemático. Ante ello, la administración federal ha rechazado dicha interpretación, al considerar que no corresponde con la realidad institucional ni con las acciones emprendidas para atender la problemática.

En ese sentido, la secretaria de Gobernación destacó que el gobierno mantiene una política de atención directa a las víctimas y sus familias, además de la coordinación con fiscalías y autoridades locales para avanzar en la localización de personas desaparecidas.

El tema de las desapariciones se ha mantenido como uno de los principales retos en materia de derechos humanos en México, con la participación activa de colectivos de búsqueda que han demandado mayor eficacia institucional, transparencia en los registros y reconocimiento de la dimensión del problema.

La postura expresada en la mañanera refleja una estrategia dual del gobierno federal: por un lado, cuestionar el diagnóstico del organismo internacional, y por otro, sostener la interlocución con la comunidad internacional para evitar una escalada en el ámbito diplomático.