Un tribunal de Nuevo México ordenó a Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, pagar 567 millones de dólares adicionales como parte de un proceso judicial relacionado con los daños ocasionados a menores de edad por el funcionamiento de sus plataformas digitales. Con esta resolución, el monto total de las sanciones económicas impuestas a la compañía alcanza los 942 millones de dólares.

La decisión judicial deriva de una demanda promovida por el fiscal general de Nuevo México, quien acusó a la empresa de mantener herramientas y algoritmos que favorecieron el contacto de menores con personas que representaban un riesgo, además de incentivar patrones de uso compulsivo entre adolescentes. El juez concluyó que las prácticas de la compañía afectaron el interés público y justificaban una compensación adicional destinada a atender las consecuencias provocadas.

De acuerdo con la sentencia, una parte importante de los recursos será destinada a programas de atención psicológica y tratamiento para niñas, niños y adolescentes afectados, mientras que el resto financiará iniciativas de prevención, educación digital y fortalecimiento de mecanismos de protección durante los próximos años.

Además del pago económico, el fallo obliga a Meta a reforzar las medidas de seguridad en Facebook e Instagram. Entre las acciones ordenadas se encuentran mejorar los sistemas de verificación de edad, ampliar los controles parentales, limitar el contacto entre adultos y menores de edad y fortalecer las herramientas destinadas a detectar conductas de explotación o abuso infantil.

La empresa informó que apelará la resolución al considerar que no refleja los esfuerzos realizados en los últimos años para incrementar la seguridad de sus plataformas. Meta sostuvo que ha implementado nuevas funciones para proteger a los usuarios adolescentes y aseguró que continuará invirtiendo en tecnologías orientadas a prevenir contenidos y conductas perjudiciales.

El caso representa uno de los mayores reveses judiciales para la compañía en materia de protección de menores y se suma a la creciente presión que enfrentan las grandes empresas tecnológicas por parte de autoridades estadounidenses, que buscan imponer mayores responsabilidades sobre el diseño y operación de las redes sociales para reducir los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.