Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, reveló que la presunta organización dedicada al huachicol fiscal vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, operaba mediante un esquema de fraude aduanero en el que declaraba únicamente el 10 por ciento del combustible que realmente ingresaba al país, con el objetivo de evadir el pago de impuestos y facilitar el contrabando de hidrocarburos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SSPC explicó que las investigaciones, desarrolladas por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con autoridades federales, permitieron identificar una red que utilizaba carros tanque de ferrocarril con capacidad para transportar alrededor de 110 mil litros de combustible, aunque en los pedimentos aduanales reportaban apenas cerca de 10 mil litros por unidad.

García Harfuch señaló que este mecanismo permitía ocultar la mayor parte del hidrocarburo importado y reducir de manera ilegal el pago de contribuciones fiscales. Añadió que las indagatorias comenzaron hace aproximadamente un año y derivaron en una operación simultánea para desarticular la estructura criminal.

El funcionario informó que, hasta el momento, han sido ejecutadas ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, entre ellas la de Ernesto Ruffo Appel, mientras que otras permanecen pendientes de cumplimentarse. Precisó que las investigaciones continúan para identificar a más personas involucradas y determinar el alcance de la operación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el proceso tenga motivaciones políticas y sostuvo que las acciones emprendidas responden exclusivamente a las pruebas reunidas por la Fiscalía. Afirmó que corresponderá a los jueces resolver el caso conforme a derecho y reiteró que cualquier persona señalada mantiene el derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso.

Las autoridades federales señalaron que este caso representa uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal en México, una modalidad de contrabando que consiste en introducir combustibles al país mediante declaraciones falsas para evadir impuestos y obtener ganancias ilícitas.