Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa rechazaron el más reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que representa un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia. Los familiares señalaron que el documento desacredita el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y favorece una narrativa que desvincula al Ejército mexicano de posibles responsabilidades en los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

En un pronunciamiento público, las familias afirmaron que el organismo nacional de derechos humanos abandonó su papel como defensor de las víctimas y cuestionaron que el informe desestime investigaciones nacionales e internacionales que durante años documentaron posibles omisiones, encubrimientos y obstáculos en el esclarecimiento del caso. Sostuvieron que la prioridad debe seguir siendo conocer el paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables, sin excluir a ninguna institución del Estado.

La postura de los familiares fue respaldada por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que defendieron la labor técnica e independiente del GIEI y reiteraron que la asistencia internacional ha sido fundamental para el avance de las investigaciones. Ambos organismos expresaron su apoyo a las víctimas y subrayaron que cualquier revisión del caso debe sustentarse en evidencia, transparencia y respeto a los derechos humanos.

La controversia surge mientras el caso Ayotzinapa continúa sin una resolución definitiva, casi doce años después de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Las madres y padres reiteraron que mantendrán su exigencia de acceso a toda la información disponible y de una investigación imparcial que permita esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia para las víctimas.